LA CULTURA, LA SALUD, EL PUEBLO
LA CULTURA, LA SALUD, EL
PUEBLO
Un artículo de Jorge Rachid
Desde la cultura, expresada como una conciencia colectiva
del pueblo argentino, anida como elemento determinante la salud como un derecho
humano, esencialmente solidario, de cuidado universal en términos sanitarios,
de valoración permanente de una sociedad que sólo en salud puede construir un
destino común, sin diferencias raciales, étnicas ni sociales. Una cultura que
se reconoce desde los albores del siglo XX como herramienta común del bien
social compartido, con un estado presente y una accesibilidad plena al conjunto
del pueblo.
El cuidado de la salud es una tarea permanente de la
comunidad organizada, desde la niñez a partir del momento mismo de la
gestación, con controles maternos, seguimientos de embarazo, nacimientos
pautados, control médico, planes de vacunación y asistencia materno infantil.
Alimentación correcta, seguimiento hasta el año de vida, control escolar,
condiciones de vida con indicadores presentes que impliquen el desarrollo pleno
del niño hasta su edad escolar, con apoyo sanitario en la escuela en exámenes
periódicos hasta su finalización en la educación sistemática, hacen de un
pueblo una posibilidad de desarrollo pleno en sus posibilidades de crecimiento
y movilidad social ascendente. La prolongación de los sistemas de
apuntalamiento de la salud en la vida laboral, ámbito de seguimiento y
detección precoz de patologías, en la etapa media de la vida, con medidas de
higiene y seguridad en el trabajo, eliminando las posibilidades de enfermedades
profesionales y siniestralidad laboral, para llegar a la etapa plena de la
llamada tercera edad con el menor índice de deterioro posible para gozar de una
vejez digna de ser vivida, es posible en una acción planificada a tal fin.
Esa concepción, es una cultura asentada en la organización
social a la cual está destinada, que debe ser de participada en forma activa en
la comunidad en la cual se referencia, ya que conoce íntimamente las
prioridades sanitarias de su lugar de referencia. Esa organización naturalmente
diferente en ámbitos rurales y urbanos, respetando las características
endémicas de las provincias argentinas y con respuestas puntuales de los
sistemas de abordaje a la preservación de la salud del pueblo. Un país justo es
aquel que tiene en su despliegue territorial los mismos indicadores de salud en
cada rincón de la Patria, eso es justicia social, es concepto central en la
medicina social.
En ese sentido sin dudas se avanzó en los últimos años con
obra pública, que operó sobre la salud de la Nación, con agua corriente donde
no la había, cloacas eliminando el riesgo de contaminación de napas
subterráneas, viviendas sociales aún escasas por la demanda contenida por
décadas de inacción, pero en proceso de construcción plena, mas la asignación
universal por hijo que reinsertó al niño a la escuela, ámbito natural de
socialización y con cumplimiento de la plantilla de vacunación, para acceder al
derecho social. Esas medidas realizada, por fuera del ámbito específico del
ministerio de salud, que se erige por etapas, como herramienta de propiedad
médica, en esa desviación neoliberal que transforma el tratamiento de la
enfermedad, como eje excluyente del sistema sanitario.
La enfermedad es un negocio desde el punto de vista del
lucro, en los sectores de la medicina privada y siendo la salud y su
preservación como política prioritaria, es contraria a esos objetivos
económicos y favorable a los sistemas solidarios de salud.
De ahí que la industria farmacéutica y el avance
indiscriminado de la tecnología médica, han hecho de la relación médico
paciente una máquina de de recetar y solicitar estudios, antes que una
valoración semiológica plena de las circunstancias que determinan los síntomas
y signos de la enfermedad, que sólo se logra interrogando, revisando,
explorando el cuerpo del paciente antes que la receta rápida y el estudio de
última generación. Volver al médico reflexivo y de diagnósticos diferenciales
que justifiquen su accionar, que dirijan y orienten al paciente, que expliquen los
pro y los contra de los tratamientos, implica una política que va desde cambiar
las currículas de formación en la universidad, hasta la formación permanente
durante su vida profesional, lo mismo que el personal auxiliar de la medicina
desde la enfermera al camillero, desde el ambulanciero al agente sanitario, en
una tarea a planificar y jerarquizar en su accionar.
Los sistemas solidarios de atención de la enfermedad han
sido fragmentados e intrusados por los sistemas de lucro, en una acción
desarrollada a través de créditos del Banco Mundial, que llevó al
gerenciamiento del PAMI, las prepagas dentro del sistema de obras sociales por
la desregulación de las mismas, al kioscado de servicios ( por ejemplo
resonancia magnética privada y laboratorios de análisis en ámbito hospitalario)
en los hospitales públicos y deterioro paulatino de los institutos
provinciales, que han generado una diáspora de atención e injusticias
regionales, que hacen desde la expectativa de vida del niño al nacer, según la
región, una diferencia social absolutamente injusta.
Cuando el eje de la salud pasa por el financiamiento como
estructuración de las políticas a largo plazo, entramos por la ventana a una
discusión que nos debemos sobre un plan nacional de salud solidario e integrado,
donde los recursos de la solidaridad estén preservados para ese único fin al
cual aportan los trabajadores activos y pasivos del país, parte sustantiva de
los cuales, contados en miles de millones, son captados por los sistemas de
prepagas, verdaderos negocios de lucro, a costa de los sistemas solidarios de
salud .
Entre el sector público hospitalario que atiende 17 millones
argentinos, los institutos provinciales que suman 6 millones, las obras
sociales que dan cobertura a 16 millones, el PAMI con otros 6 millones y
sumando mutuales y cooperativas, como se observa la cuenta total, por la suma
que supera los últimos censos de población , demuestra los entrecruzamientos
que son moneda corriente y que pese a los aportes no logra una atención
comunitaria plena. En ese sentido que la industria farmacéutica conlleva el 31%
del gasto en salud, en un verdadero disparate social que no ocurre en ningún
lugar del mundo. Debemos agregar además que 2,5 millones de personas están en
las prepagas recientemente reguladas por ley, pero sin evitar la intrusión en
los sistemas solidarios, de los cuales se nutren, sin aportar al APE
(administrador de programas especiales conformado por el 15% del aporte de los
trabajadores que se suma al 3% del salario, en forma solidaria para el PAMI),
lo cual significa un verdadero vaciamiento económico de recursos solidarios,
destinados a la salud con aporte de salario diferido.
Cerrar con imaginación y creatividad, los sistemas
solidarios sobre si mismos, excluyendo los sistemas de lucro, de cara a la
medicina social del siglo XXI, implica un proceso de construcción por etapas de
complementación en áreas críticas como alta complejidad, medicamentos de alto
costo y baja incidencia, discapacidad, programas especiales sin financiamiento actual
como fertilización asistida y cirugía bariátrica, leyes correctas desde el
punto de vista médico pero inviables sin el financiamiento adecuado. El sistema
solidario debe cerrar una mesa de cuatro patas con el PAMI, los institutos
provinciales, las obras sociales sindicales y el sector público hospitalario
que vaya complementando esas áreas, sin perder identidad, con planificación
compartida en lo estratégico, con protocolos comunes de tratamiento, con
carrera médica compartida, sistemas de control y seguimiento informático
comunes que incluyan historia clínicas, recuperando recursos de las ART y los
seguros de terceros por descuento automático como realiza hoy el hospital
público sobre las obras sociales, entre otras medidas de apuntalamiento
paulatino de reconstrucción de los sistemas solidarios desvastados por la
lógica economicista neoliberal.
La inversión total en salud en el país es de 122 mil
millones de pesos, de los cuales casi 30 mil son de obras sociales de
trabajadores conveniados, 17 mil del PAMI
también de aporte solidario con la misma cifra en los Institutos
Provinciales, lo que determina que mas del 50% del gasto en atención de la
enfermedad proviene de los sistemas solidarios. En ese gasto anual participa el
sistema privado de prepagas en un 25% para atender a menos del 10% de la
población en forma directa, mientras mas del 90% de nuestro pueblo se atiende
por los aportes solidarios y gastos de bolsillo que no son menores a la hora de
la enfermedad.
El desafío entonces se da en el marco de la planificación
sanitaria nacional y federal, participativa y solidaria, en la cual los actores
actuales interactúen en un Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es
deseable sea por ley y que fije pautas desde el arancelamiento de los prestadores
hasta la protocolización médica de los tratamientos, con inversión plena en la
prevención y apuntalando la medicina social desde el médico de familia hasta la
alta complejidad. Nuestro país tiene el recurso humano necesario para hacerlo,
tiene instituciones aptas para administrarla, tiene experiencia en cubrir la
demanda y tiene una cultura en el seno del pueblo que lo hace viable en el
largo plazo, recuperando la concepción carrillista enterrada por la lógica del
pensamiento neoliberal.
JORGE RACHID
CABA, 14 de septiembre de
2011
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