La Casa Rosada está trabajando desde varios frentes para organizar el hecho político que, según las previsiones oficiales, caracterizará al año 2012. El segundo mandato de Cristina coincidirá con el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas. Con el almanaque avanzando en cuenta regresiva, el gobierno ya comenzó a organizar una serie de actividades públicas que tendrán su momento más impactante el 2 de abril cuando se cumplan tres décadas del desembarco en las islas. Hasta ahora está previsto un multitudinario desfile de veteranos de guerra por el centro porteño. El objetivo es generar “un reencuentro definitivo entre el pueblo y los ex combatientes”.
Las iniciativas que prepara la Casa Rosada van desde la organización de un gran evento en las calles, al estilo de lo que fue el Bicentenario, hasta el lanzamiento de una fuerte campaña diplomática que ponga la causa Malvinas en la agenda internacional. Los planes del Ejecutivo contarán, al menos para este segundo punto, con una ayuda inestimable aportada por el calendario: En 2012, los Juegos Olímpicos se realizarán en Londres.
Las distintas asociaciones de ex combatientes –los veteranos tienen posiciones divergentes en puntos sensibles– y la comisión que agrupa a los familiares de los caídos ya saben que el 2 de abril habrá un gran desfile por las calles de Buenos Aires. Es muy probable que los ex combatientes marchen entre Congreso y Plaza de Mayo. Otra alternativa es la Avenida 9 de julio, como en el Bicentenario. La propia Cristina hizo llegar algunas instrucciones. Quiere que el despliegue en el espacio público sea la característica central de las actividades de difusión histórica que se organizarán a lo largo del año. Ya se reservó una fecha para evocar el Éxodo jujeño, la gesta que comenzó el 23 de agosto de 1812 por orden de Manuel Belgrano.
Pero el aniversario de la guerra no sólo será materia de desfiles y multitudes. En el gobierno creen que 2012, por cumplirse 30 años, por los Juegos Olímpicos en Londres, pero también por la actualidad de la relación bilateral con Gran Bretaña, puede convertirse en un momento decisivo para seguir sumando apoyos entre la comunidad internacional. Además, 2012 llega en un contexto particular. Con Europa en crisis, mientras que los países emergentes y China asumen un rol cada vez más protagónico. Por todo esto, los 30 años del conflicto bélico pueden ser la llave para que la causa Malvinas se instale con fuerza en la agenda global.
Con este escenario en mente, en la Cancillería decidieron profundizar una medida que hasta ahora sólo se había cumplido en algunas embajadas argentinas de la región. Con la certeza de que se trata de una política de Estado –aparte de una obsesión personal de la presidenta–, el Ejecutivo está impulsando a los embajadores que representan al país para que conformen grupos de apoyo a la causa Malvinas entre los intelectuales, científicos y personalidades relevantes del destino diplomático al que fueron enviados.
La primera en llevar a la práctica esa idea fue la embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja. Durante una visita de Cristina al DF, la ex diputada presentó en sociedad el Grupo Mexicano de Solidaridad con las Islas Malvinas. Hace cinco días, el embajador en Chile, Ginés González García, hizo lo propio con el Grupo Chileno de Solidaridad con Malvinas.
Hasta ahora, según la división de tareas de la Cancillería, quien se encargaba de difundir la causa Malvinas por el mundo era el embajador argentino ante Naciones Unidas. Esa fue la tarea que cumplió Jorge Argüello hasta su reciente nombramiento como embajador en Estados Unidos. “Debo haber dado no menos de 20 conferencias internacionales sobre Malvinas. Estuve en Bangkok, París, Santiago de Chile, China, Alemania, Sudáfrica”, repasó Argüello en conversación telefónica con Tiempo Argentino.
“Lo hice informalmente, invitado por universidades de todo el mundo, en que se debatía con el auditorio y siempre, invariablemente, se invitaba a participar a la embajada de Gran Bretaña ante ese país. Pero Gran Bretaña no concurrió nunca, y si lo hizo, no lo hizo de modo evidente. Pero sí asistían, porque cada vez que yo daba una conferencia aparecía una crítica en la prensa local de las Islas Malvinas. Me pasó con la conferencia que di en Sudáfrica y antes de eso en México”, reveló. Tras la experiencia de Argüello, en el gobierno decidieron darle más formalidad a la tarea de difundir la causa Malvinas alrededor del mundo. “Hay una instrucción general del canciller Timerman de avanzar en la conformación de los comités. Y también se empezó a perfilar la figura del embajador itinerante para la cuestión Malvinas”, contó el embajador. Según pudo saber Tiempo, en la Cancillería incluso se está evaluando la posibilidad de agregar esa tarea al equipo de asesores que suele acompañar a cada embajador. Informalmente, a esa nueva función la bautizaron como “agregados malvineros”.
La tarea de esos especialistas será difundir en el mundo los argumentos que sostienen el reclamo de soberanía. El desafío más importante será rebatir el nuevo discurso británico, que para defender su enclave sobre el archipiélago hace eje en el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Con ese argumento, Londres quiere hacer pasar a los kelpers como los habitantes soberanos de las islas. Así tendrían el derecho de decidir a qué nación pertenecer. “Pero en Malvinas hay una población implantada que se instaló allí luego de que en 1833 fuera desalojada por la fuerza la población que allí se encontraba. Además, en materia de descolonización, hay otro principio rector, que es el de la integridad territorial, que establece que si un país es despojado de una parte de su territorio por la fuerza tiene el derecho de perseguir la restitución de ese territorio. Eso lo reconocen las Naciones Unidas, no nosotros”, recordó Argüello ante este diario. <
Piden investigar los crímenes de guerra
Entre las demandas al Poder Ejecutivo y al Legislativo, los veteranos de guerra y familiares de los caídos en Malvinas insistirán con un reclamo pendiente desde hace años. Pedirán que se cumpla con lo establecido en la Ley 24.517, sancionada en julio de 1995, que ordenaba la creación de una Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra. El organismo debería funcionar dentro del Ministerio de Defensa y debería contar con once miembros: un representante por cada uno de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, un delegado de la Corte Suprema, tres oficiales retirados por cada una de las tres FF AA y cuatro representantes del Congreso, dos por Diputados y dos por el Senado.
“Queremos saber si en Malvinas hubo situaciones delictuales o criminales, pero se tienen que investigar en los ámbitos competentes, como lo establecía la ley”, argumentó Trejo. Uno de los mecanismos para acceder a la información sería el levantamiento del secreto que pesa sobre la guerra, otro reclamo de los veteranos y familiares. “Quizás la Argentina, con motivo del 30 aniversario, puede dar el ejemplo difundiendo la documentación que se mantiene en el Ministerio de Defensa, la Cancillería y los organismos de inteligencia”, sugirió Trejo.
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