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 | 10 de Marzo                   2003 EDITORIAL
 
 INDEPENDENCIA                   ECONOMICA:
 ATRIBUTO ESENCIAL DE LA SOBERANÍA
 
 La                   falta de independencia económica concluye en la pérdida de la                   independencia política, pues como actualmente se observa en                   muchos países, quien controla la economía de un Estado domina                   también su política nacional e internacional.
 
 Por:                   Jorge F. Cholvis
 Abogado Constitucionalista
 
 Un                   reciente relevamiento que realizó el INDEC señala que en 1993,                   entre las 500 grandes empresas había 220 de origen extranjero,                   pero a causa del formidable proceso de fusiones y                   adquisiciones producido durante el año 2001, en ese grupo las                   firmas de capital extranjero se incrementaron a 325. Sabido es                   que hace tiempo la exportación en la Argentina es negocio para                   pocos. El cuidadoso estudio que realizo el INDEC revela que                   sobre las 500 empresas que más venden, sólo 20 grandes firmas                   exportan el 40 % de lo que la República Argentina envía al                   exterior. Y también se puede observar que el conjunto de las                   500 mayores empresas del país, que en 1993 realizaban el 55 %                   del volumen exportado, pasaron en el 2002 a tener el 70 % de                   las ventas al exterior, lo cual incrementa la negativa cifra                   que para el país ya existía a comienzo de los noventa.                   Asimismo, es importante recordar este dato: el reducido panel                   de esas 500 mayores empresas genera alrededor del 25 % del                   P.B.I. con una muy alta concentración. Así, las 50 empresas                   más grandes representan el 57 % del P.B.I. De tal forma, se                   aprecia la evolución y magnitud del proceso de                   desnacionalización de empresas, que es uno de los aspectos más                   notables de las políticas económicas que se aplicaron en el                   país desde el golpe de Estado de 1976. Según Bernardo                   Kosacoff, director de la CEPAL “las empresas con participación                   extranjera pasaron de representar el 60 % de la cúpula                   empresarial al sorprendente 84 % del año pasado” (Clarín, del                   20 de febrero de 2003). Este resultado se produce al amparo de                   las políticas económicas que se aplicaron en la Argentina con                   el diseño y bajo la supervisión de los organismos                   internacionales de crédito, y así, en especial durante los                   años noventa, la Argentina “operó de manera prácticamente                   continua bajo los auspicios y el estrecho seguimiento de un                   programa respaldado por el F.M.I.” (Michael Mussa, 2002). Su                   resultado fue el parate económico, la desocupación y las                   enormes carencias que sufre el pueblo argentino.
 En                   otra oportunidad, analizaremos con mayor detalle las políticas                   y los instrumentos utilizados por esas instituciones                   financieras. Ahora vamos a abordar el concepto de                   independencia económica como atributo esencial de la                   soberanía, que será el objetivo primordial para terminar con                   esta situación. La ecuación independencia política                   formal-dependencia económica real, por más que se la quiera                   ocultar continúa expresando la contradicción polar,                   característica de la sociedad internacional contemporánea. La                   misma subraya la situación de la mayoría de los países                   indesarrollados y define los rasgos esenciales del                   neocolonialismo que todavía sufren esos países. El primero de                   esos elementos apunta a los datos jurídico institucionales que                   conforman el concepto de soberanía estatal; el segundo, en                   cambio, traspasa los velos de la estructura institucional y                   muestra una situación de subordinación, de falta de verdadera                   autonomía, que se contrapone al concepto legítimo de                   soberanía. La falta de independencia económica concluye en la                   pérdida de la independencia política, pues como actualmente se                   observa en muchos países, quien controla la economía de un                   Estado domina también su política nacional e internacional.                   Dependencia económica y dependencia política son dos                   expresiones o facetas de un mismo fenómeno, y una gravita                   sobre la otra merced a un incesante proceso de influjo y                   reflejo. Por otra parte, dependencia económica y subdesarrollo                   operan como factores en directa interacción y aseguran la                   subsistencia de las estructuras que impiden una efectiva                   vigencia de la soberanía. Ello incide directamente en el                   condicionamiento socioeconómico que ocasiona la falta de                   vigencia en los derechos económicos, sociales y culturales, lo                   que afecta a la mayoría de la                   población.
 
 Incorporar el concepto de                   independencia económica al campo de una teoría del Estado que                   interprete las circunstancias propias de nuestros países,                   enriquecerá con una nueva dimensión la concepción tradicional                   de soberanía. Por lo contrario, para los países de alto                   desarrollo se torna una cuestión superflua adoptar una                   individualización del atributo de la independencia económica.                   Para ellos, independencia política e independencia económica                   son conceptos equivalentes que conforman el “autogobierno”.                   Son dichos países los que ejercen el control político y                   económico de los pueblos sometidos y por esta razón, dentro de                   la concepción tradicional, la soberanía se define                   exclusivamente por sus elementos político-institucionales.                   Confrontando ese concepto con la realidad de los países que                   padecen la antinomia independencia política formal-dependencia                   económica real, la definición tradicional revela                   inmediatamente su carácter abstracto y su falta de adecuación                   para reflejar una correcta relación entre la forma jurídica de                   la soberanía y el contenido económico-social en que ella se                   expresa.
 
 El modelo correspondiente a la                   concepción tradicional de soberanía es el Estado integrado en                   lo político y en lo económico. Allí la estructura                   político-jurídica y la económica convergen en el plano de la                   nación. El modelo de los países que no han logrado aún o no                   gozan la independencia económica, es el del Estado no                   integrado. En este caso, la estructura política aparece                   formalmente realizada en el marco nacional, pero la estructura                   económica se encuentra integrada no con la nación, sino con la                   economía de la potencia regente. La intervención de los                   estados dominantes sobre los países sometidos se efectúa hoy a                   través del control de sus economías. El estado indesarrollado                   conserva los atributos formales del autogobierno, pero las                   decisiones efectivas le son dictadas desde el exterior. La                   pérdida del dominio real sobre los comandos de la vida                   económica hace que todo el concepto de autogobierno quede                   subvertido. En el antiguo sistema colonial, el país                   colonizador imponía desde afuera sus instituciones y su                   supremacía al país sojuzgado. Ahora, en el régimen neocolonial                   que se pretende esconder tras esta globalización, el control                   del país que domina lo ejerce desde adentro a través de las                   mismas instituciones establecidas en el país sometido. El                   concepto de soberanía como atributo de un estado sólo se puede                   analizar si se tiene presente que la esencia de ella está                   determinada en última instancia por su estructura                   económico-social. El contenido de la soberanía se encuentra                   regido por las condiciones concretas en que un estado                   determinado se exterioriza como tal, y en las actuales                   condiciones del mundo la noción de independencia económica                   surge como un dato indispensable para integrar el concepto de                   soberanía. Parece ocioso insistir en la íntima vinculación que                   existe entre el desarrollo económico de los países y la                   defensa del principio de independencia económica. Esta no es                   una entelequia, es un objetivo esencial.
 
 Los                   problemas que crea la dependencia exterior no pueden                   atribuirse a errores o deficiencias en la aplicación de la                   política “neoliberal”, sino a factores estructurales muy                   conocidos que esta no puede resolver, razón por la cual lo que                   urge es erradicar las causas que frenan el progreso económico                   y el bienestar social de las naciones. Y para ello con activas                   políticas de estado hay que defender la riqueza nacional e                   impedir su fuga, aumentar el poder de capitalización de la                   economía en su conjunto, intensificar la explotación de los                   recursos naturales, apoyar el acceso a la tierra y a la                   maquinaria agrícola a quiénes desean trabajar en el campo,                   expandir el mercado interno, impulsar el proceso de                   industrialización, posibilitar a los sectores trabajadores una                   mayor participación en la renta nacional y, en fin, poner en                   vigor leyes y servicios sociales indispensables para la                   protección de los valores humanos. Un país que aspira a                   desarrollarse integralmente no puede dejar en manos ajenas el                   manejo de ciertos engranajes de su mecanismo productivo, si es                   que no quiere que su economía sea un acoplado de la economía                   extraña que le manipula esas piezas                   esenciales.
 
 
 Jorge F. Cholvis
 Marzo                   2003
 
 
 
 
 
 
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