Artículo publicado en la edición dominical de elDIARIO de la Región y en http://www.revistachaque.com.ar/
Formosa ya tuvo una intervención federal. Fue ordenada por el propio General Juan Domingo Perón, en momentos en que el movimiento agrario ocupaba tierras fiscales entregadas a los argelinos traídos por el régimen de facto conducido por el general Lanusse. La organización de un movimiento campesino vigoroso, sus acciones y su proyección, preocupaban a quienes urdieron las escusas palaciegas para concretar la intervención.
En la oportunidad hubo cinco gobiernos provinciales intervenidos. Antenor Gauna en Formosa (noviembre de 1973); Ricardo Obregón Cano en Córdoba (febrero de 1974); Alberto Martínez Baca en Mendoza (agosto de 1974); Jorge Cepernic en Santa Cruz (octubre de 1974) y Miguel Ragone en Salta (noviembre de 1974).En todos los casos, las luchas intestinas del campo nacional y popular eran el motivo central de su implementación.
Hoy, a la luz de lo ocurrido posteriormente ¿podemos afirmar con honestidad ciudadana que las intervenciones a las provincias modificaron las cosas en beneficios de los campesinos, de los obreros y de los trabajadores en general? O dicho de otra manera, ¿la resolución de las internas en el campo popular ayudó en algo a superar la contradicción principal con el sector del capital concentrado, o hegemónicio, o de la “oligarqúia vendepatria” como se la denominaba en aquel entonces?
Repasemos un poco. Del 73 al 76 hubo cuatro interventores en Formosa. Uno de ellos reprimió ¡con gases lacrimógenos! (la primera y hasta ahora la única vez). Fue en Pirané, contra una movilización popular de la JP para evocar la memoria de Evita. Después Gendarmería allanó la parroquia San Luis Rey. Supuestamente buscaba armas. En octubre del 74 varios partidos políticos publicaron una solicitada por la sucesión de allanamientos sin orden judicial. Al poco tiempo se conoció la orden de detención de Rafael Menendez, Oscar Viñas y Julio Federico Oviedo. En un documento multipartidario se podía leer “el estado de sitio se utiliza en forma arbitraria para violar las más elementales garantías constitucionales”. Eran los prolegómenos del 24 de marzo. Lo que se presentó como solución a un supuesto problema, en realidad sirvió como un paso previo a la profundización del mismo.
Hoy aquella Ulicaf organizada, movilizada y demandante, no existe más. Hay más de 20 desaparecidos, un contingente significativo de militantes que estuvieron presos y exiliados; un obispo comprometido con los campesinos como Scozzina que amagó con excomulgar al jefe del Rim 29 y encabezó un cierre de templos en contra de la represión tuvo que renunciar a su diócesis, la concentración de tierras en pocas manos se agigantó con su correlato del éxodo rural y macrocefalismo urbano de asentamientos precarios. Se aumentó la vulnerabilidad social del conjunto de la población. La mortalidad infantil en el oeste aborigen superaba los 500 casos cada diez mil nacimientos.
Como el que se quema con leche, ve una vaca y llora, llamó mucho la atención que en las actuales circunstancias, cuando esta democracia protagoniza una feroz pulseada con los caranchos cómplices de la dictadura en papel prensa y en los fondos buitres, aparezca Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, como vocera de un pedido de intervención a la provincia de Formosa por la falta de resolución a un problema puntual de propiedad de tierras que demanda la comunidad qom de La Primavera. Para fundamentar el pedido se habló hasta de ¡etnocidio!.
Las reminicencias a las intervenciones federales del pasado, fueron inevitables. Como también los cuestionamientos.
¿Se puede caracterizar como etnocida a un gobierno democrático que ha mejorado el índice de mortalidad infantil de las comunidades originarias del oeste que estaba en los tres dígitos reduciéndolo a dos dígitos por una deliberada e ingente inversión en salud? ¿Es etnocida una gestión que ha procurado y logrado escolarizar a todos los niños aborígenes, en todos los niveles, con edificios nuevos, y que actualmente ya cursan estudios superiores? ¿Se puede hablar de etnocidio cuando la comunidad provincial provee sin cargo alguno los servicios tales como agua y energía eléctrica a todas las viviendas para aborígenes que se han construido y se siguen construyendo en toda la geografía provincial? ¿Puede catalogarse de etnocida a las autoridades que cada dos años revalidan su mandato, aprobadas mayoritariamente por cada una de las etnias? ¿Puede alegarse que este pedido de exepcionalidad institucional nace de una alienación generalizada por un megaclientelismo idiotizante capaz de adormecer multitudes de indigentes y pobres para que voten en contra de sus intereses? De ser así no se podría entender la indiscutida victoria de Félix Diaz sobre el candidato oficialista; ni la de Gabriel Hernandez (UCR) como intendente de la capital provincial.
Llama la atención la desproporción existente entre el problema y la solución que se plantea.
Que existan problemas en la convivencia política no es novedad, (de eso se trata la política). Que las demandas qom sobre propiedad de territorios no se resuelven, está muy claro. Que se han sucedido accidentes y muertes de miembros de la comunidad, lo corroboran los mismos partes de prensa oficiales. Y que la demora, junto a la falta de propuestas superadoras va agigantando el problema en favor del más débil, adquiriendo una dimensión internacional, es una realidad cuya responsabilidad no recae tanto en quien demanda, sino en quien propicia la demora. Y finalmente, es notorio que existe una voluntad política provincial reticente al protagonismo aborigen. Así se lo ve plasmado en la última redacción constitucional donde se quitó expresamente el término “protagonismo” sustituyéndolo por el de “participación”. Donde se desecharon las propuestas presentadas por el consejo interétnico, y la del ex diputado Morales de contar con autoridades aborígenes en el ICA, (incluyendo la presidencia) elegidas respetando sus propios mecanismos de consensuación. Lo pudimos apreciar también cuando se mudó a la fuerza la sede central del ICA ubicada en el microcentro capitalino, para quedar arrumbada en un gris edificio de la periferia.
Esta línea de gestión hoy estalla y adquiere dimensión nacional e internacional. Pero fue votada mayoritariamente. Defendida hasta por el constituyente aborigen de la etnia qom. Lo cual, ciertamente, complejiza el problema, pero no al punto de merecer una medida de exepcionalidad que involucra a la totalidad de la convivencia provincial.
Además, tengamos en cuenta que periódicamente se constituye una mesa de diálogo, y se sientan alrededor de una mesa los funcionarios de gobierno, los miembros de la comunidad qom y referentes nacionales de DD HH. Lo cual es altamente auspicioso. Da a entender que existe voluntad de resolución. La intensificación de obras y servicios públicos para comunidades aborígenes así lo demuestra. Aunque, según lo expresado por Félix Diaz al secretario Frasneda, aun no se resuelve el problema inicial sobre propiedad del territorio en litigio. Lo cual es indudable. Pero de ahí a patear el tablero, puede resultar muy grave.
No sea que el remedio sea peor que la enfermedad, y que el apuro por conseguir lo inmediato impida ver el contexto global en el que estamos inmersos. No sea que se propicie otro retroceso tan doloroso como el que ya hemos sufrido, donde perdimos todo, proponiendo ligeramente nada menos que una intervención federal.
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Foto archivo
Nora Cortiñas, contrariamente a su propia trayectoria propuso recientemente la misma solución que años atrás impulsara el lopezregismo en el país.
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