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“Pero fundamentalmente me debo a la clase obrera que junto a la juventud ha llenado las cárceles y ha regado con su sangre las calles en la lucha por la liberación”.Atilio "negro" Lopez

 
Atilio López: El honor acribillado
Por Juan Carlos Giuliani. Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA

El 16 de septiembre de 1974 el dirigente sindical y ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López, era cobardemente asesinado por los sicarios de la Triple A.
Lo acribillaron con 132 disparos incrustrados en el cuerpo de un hombre digno y honorable, condenado por su lucha consecuente a favor de la causa nacional y popular.
Tanta furia criminal sólo se explica en la necesidad de instalar el terror como política de subordinación a la estrategia de los grupos de poder que aguardaban agazapados el momento oportuno para terminar con el gobierno títere de Isabel y López Rega.
El asesinato se produjo el día en el que se recordaba el decimonoveno aniversario de la llamada "Revolución Libertadora", que derrocó a Perón y dio inicio a 18 años de proscripción del peronismo.

El "Negro" Atilio ganó la consideración de los trabajadores cuando, actuando en el peronismo de la resistencia a poco de la caída de Perón en 1955, dirigió la primera huelga en el período de la "Revolución Fusiladora", enarbolando los programas obreros aprobados en Huerta Grande y La Falda. Histórico dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres la gesta del Cordobazo que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía.
Acto Homenaje realizado el 16/09/10, clic para ver fotografías
En 1973 el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula de Ricardo Obregón Cano.
Las clases acomodadas gastaron ríos de bromas por la forma de hablar del "Negro", por sus modales y su estilo de vida llano, franco, de pueblo.
Como si los trabajadores no supiéramos distinguir gato de liebre: al país lo fundieron los doctores con posgrado en Harvard, no los laburantes que se comen las "s".

En febrero de 1974, a nueve meses de iniciada su gestión de gobierno, Obregón Cano y López fueron desplazados del poder por una oscura sublevación policial, el tristemente célebre "Navarrazo", que fue consentido por las máximas autoridades nacionales de entonces.

A mediados de junio de 1974 había viajado a Buenos Aires para ver a su querido Talleres en la cancha de River.
El líder del sindicalismo de la resistencia y del peronismo revolucionario cayó en una redada y fue asesinado por la ultraderechista Triple A, hecho que provocó una profunda conmoción en Córdoba, que quedó reflejada durante el velatorio y el sepelio de sus restos, donde una multitud acongojada nunca vista en esa ciudad para una situación similar, participó en sus exequias.

Olvidado por la historia oficial, el "Negro" Atilio López es un ejemplo de entrega y lealtad a los intereses de los trabajadores.

Fuente: www.agenciacta.org.ar   |  
Entrevista a Atilio Lopez - Diario Noticias 23/12/1973

Imagen: Ricardo Obregón Cano y Atilio López

[Conferencia de Prensa y comunicado del Movimiento Sindical Combativo encabezado por Agustín Tosco en el Córdoba Sport Club el 2 de marzo de 1974]

Los trabajadores y los sectores populares, reivindican como fundamental, como única razón legítima de todo gobierno, el pronunciamiento soberano del pueblo.

La intervención a Córdoba tiene causas que todos conocemos. Pero que no son causas para una intervención.

Desde meses atrás, las fuerzas más retrógradas y oscurantistas comenzaron una política dirigida a consumar la intervención a Córdoba.

El Movimiento Sindical Combativo y otras expresiones obreras y populares, alertaron sobre la posibilidad concreta de que esta escalada de derecha desembocara en la intervención a Córdoba. Y de toda una serie de hechos, asesinatos a militantes obreros y populares como sucedió con el compañero Avila en la C.G.T., con el compañero Damiano, con el compañero Roca, con el compañero Contino y otros. Ataque a las organizaciones sindicales combativas: al SMATA, a la Sanidad, a Luz y Fuerza, a la regional de la C.G.T. Toda una serie de secuestros que se producían a diario y toma de instituciones oficiales como el Banco Social, emisoras radiales, que indicaban que en Córdoba, también estaba madurando ese proceso destinado a enfrentar el pronunciamiento popular de los cordobeses.

Nosotros calificamos lo ocurrido el 27 de febrero, como una síntesis, un resultado de toda esta agresión sistematizada que se produjo contra la clase obrera, contra el pueblo y contra el gobierno de Córdoba.

Calificamos que fue un “pustch” policíaco-burocrático-fascista. Y esta calificación no es de naturaleza subjetiva. Lo que hemos podido apreciar en Córdoba; la toma de la Casa de Gobierno, el encarcelamiento del Gobernador, del vicegobernador, de dirigentes de las 62 Organizaciones “legalista” y los funcionarios, las barricadas y la toma de la zona céntrica por la policía y elementos civiles fascistas armados, la difusión por las tres emisoras de radio copadas de consignas reaccionarias, oscurantistas antipopulares, antidemocráticas y antisindicales, son hechos objetivos que nos dan lugar para calificar este proceso de la forma que lo hemos señalado: policíaco-burocrático-fascista.

Ella es una provincia que desde 1940 no tiene un gobernador elegido por el pueblo —y de los no elegidos también— que cumpla el período constitucional de cuatro años.
Tapas del diario El Mundo (editado en Buenos Aires y financiado por el PRT-ERP) sobre los acontecimientos de octubre de 1974 en Córdoba.
En el primer mensaje, que se trasmitió por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento Nacional, se habló de que Córdoba vive un proceso distinto, aislado y de oposición al proceso nacional. Pero esto es falso y es tendencioso. Córdoba vive el proceso nacional. Córdoba es parte de la Patria Argentina. Pero vive el proceso nacional con un concepto de avanzada. No de aislamiento. Sintetiza en su tradición, en sus luchas obreras y populares, en su resistencia a la dictadura, sintetiza esta nueva conciencia política democrática, popular y revolucionaria que ha de abarcar todo el territorio nacional y que se expresa en nuestros países de América Latina.

Sí, las razones de la intervención a Córdoba son éstas que hemos enunciado. Y es producto de esta intervención el “pustch” policíaco-burocrático-fascista, los cordobeses no quieren hacer otra cosa que rechazar a esta intervención.
Se habla de que la intervención va a venir a pacificar, a poner orden y para que se trabaje en Córdoba. Nosotros decimos y repetimos que no hay paz que no esté basada en la justicia. En la justicia global que hace a los derechos humanos, económicos, sociales y políticos y culturales del hombre. Y no podemos decir que Córdoba viva de esos derechos, ni podemos creer que el resultado que de esta intentona fascista, con sus planteos equilibristas, vaya a arrojar la vigencia en plenitud de estos derechos. De ahí que el primer punto del Movimiento Sindical Combativo, cuya mesa está aquí, con los compañeros de Viajantes, compañero Campbell de Viajantes, compañero Leiva del SMATA, compañero Malvar de Gráficos, compañero Canelles de la Comisión provisoria de la Construcción, compañero Vila de Perkins y otros compañeros, compañeros del Caucho, compañeros del Movimiento Sindical de Base, Intersindical y las distintas agrupaciones, sea terminante en esto y entienda que interpreta la posición de la inmensa mayoría del pueblo de Córdoba.

El segundo aspecto, el Movimiento Sindical Combativo señala, que es necesario enjuiciar y castigar al teniente coronel Navarro y a todos sus cómplices. Señalamos que sobre éstos se está tendiendo un manto de olvido. Que a pesar de algunos planteos judiciales, durante el período posterior a la semana del 27 de febrero, ante una resolución, una expresión de anhelos —digamos así— del Parlamento Nacional, desde el cual se plantea el enjuiciamiento de Navarro por delito de sedición, no se ha procedido aún en consecuencia.

Y nosotros exigimos que así se proceda. El delito de sedición existe concretamente.  Además existe el delito de entrenar y armar a civiles fascistas, de amparar un cónclave antidemocrático, llevado a cabo en el campo de Alta Gracia, por la minoritaria burocracia sindical traidora de Córdoba. Y señalamos también, que los sostenedores de Navarro, que son los sostenedores de la quiebra de la legalidad democrática e-n todo el país, pretenden presentar lo como héroe nacional y también, como ha sucedido recientemente, catalogarlo, desvergonzadamente, como libertador de Córdoba. Por otras vías se dice que se puede plantear un indulto, un sobreseimiento, una absolución. Nosotros creeríamos que esto es una burla al pueblo de Córdoba. Y que quienes han quebrado con la institucionalidad que tanto se defiende, desde las propias filas de la dependencia policial, deben ser castigados. No puede admitirse, lo mismo que dijo Navarro en un reportaje de un diario de Buenos Aires, que el subversivo, el sedicioso era Obregón Cano porque atentaba contra la profesionalidad de la policía. Resulta que en este país, repitiendo tiempos como los de Onganía, los sediciosos o los subversivos serán aquellos que levanten el respeto democrático a la voluntad del pueblo y los legalistas, los constitucionalistas serán aquellos que deponen, encarcelan o secuestran a sus gobernantes y proclaman doctrinas que son repudiadas por el pueblo, en el sentido de su corte corporativista y fascista.

En tercer término el Movimiento Sindical Combativo ratifica el desconocimiento de todo lo actuado por el denominado Plenario minoritario y burocrático en el camping de Alta Gracia. Su repudio a la convalidación que pretendió hacer el ministro de la burocracia, Ricardo Otero, a ese cónclave usurpador de la auténtica representatividad de los trabajadores de Córdoba. Señalamos que todo lo actuado en el Plenario, sus resoluciones y toda la actividad que desarrolla la denominada C.G.T. de Bárcena, es desconocida en términos absoluto por nuestras organizaciones. Y a su vez, para recuperar una auténtica representatividad del movimiento obrero de Córdoba, en la C.G.T., planteamos en coincidencia con lo expresado públicamente por las 62 Organizaciones “legalista”, la necesidad de un auténtico y democrático Plenario, donde participen todas las representaciones sindicales de Córdoba. Que se haga en el local de la C.G.T., con el concurso y la participación de los trabajadores tal cual se hacía en el tiempo en que la C.G.T. combativa luchaba, sacrificada y heroicamente contra la dictadura militar. El refugiarse en un camping. El actuar con toda la custodia proporcionada por el sedicioso Navarro y sesionar sin el quórum necesario, descalifica en el terreno estatutario, legal y moral a los burócratas encabezados por Bárcena y secundados por Hernández, miembro del ex-Consejo Asesor de Carlos Caballero. El Movimiento Sindical Combativo levanta la consigna de una C.G.T. unida y combativa. Integrada en su conducción por el peronismo combativo de las 62 Organizaciones “legalista”, por los gremios independientes y no alineados. Independientemente de las personas, pero con una composición que responda a la tradición de lucha de las organizaciones obreras y con una programática que continúe reivindicando las aspiraciones fundamentales de los trabajadores y el proceso de Liberación Nacional y Social Argentino y Latinoamericano. O sea que planteamos la recuperación de un organismo de los trabajadores para los trabajadores.
Galería de infames: Héctor García Rey
Asumió como jefe de la Policía de Córdoba de la mano del interventor federal Brigadier Raúl Lacabanne y ambos, según los organismos de Derechos Humanos, llegaron a Córdoba a promover la "limpieza ideológica" mediante la eliminación física del "enemigo". El día en que Lacabanne y García Rey ingresaron a los tiros en la sede de Luz y Fuerza buscando a Agustín Tosco, es uno de los más recordados de aquellos años confusos previos a la dictadura. Antes de llegar a Córdoba, García Rey fue jefe de la Policía de Tucumán donde fue denunciado por torturas y su nombre aparece en muchos lugares y pasajes de la historia. Figura, por ejemplo y según el testimonio de Enrique Arancibia Clavel, un agente de la Dina (Policía chilena) como colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet y, según el abogado paraguayo Martín Balmaceda, detenido por la dictadura de aquel país, como una de las personas que presenció los interrogatorios a los que lo sometió la dictadura paraguaya. A raíz de eso, García Rey es considerado por los organismos de Derechos Humanos (esto lo está investigando el juez federal Norberto Oyarbide), como uno de los integrantes argentinos del Plan Cóndor, que buscaba coordinar los organismos represivos de las dictaduras de Latinoamérica.

Rey recibió cursos en Estados Unidos junto a otras figuras del Plan Cóndor y formó parte de la "Tropa de Asalto" de la Policía mexicana. Justamente en aquel país se lo sindica como parte de la Matanza de Tlatelolco en 1968, donde murieron, según algunas cifras, 400 estudiantes que reclamaban mejoras educativas.
En cuarto lugar —y esto tiene simplemente un orden enumerativo, ya que los puntos son de simultánea aplicación— el Movimiento Sindical Combativo reclama la convocatoria inmediata , la realización en término de noventa días de elecciones para gobernador y vice de la provincia de Córdoba.

Todo lo que hemos dicho en cuanto a que la intervención no representa a Córdoba, está basado en la necesidad de restaurar específicamente la capacidad popular de determinar quienes deban ser sus gobernantes, está ligado a que debe llamarse en forma inmediata a elecciones en esta provincia.
Córdoba ha sido intervenida pero no debe permanecer intervenida. Para eso hemos de luchar el Movimiento Sindical Combativo en conjunción o al menos en coordinación con las demás fuerzas populares, democráticas, avanzadas del campo obrero, sindical, político, estudiantil, para que esto se lleve adelante. De ahí el cuarto punto por la inmediata convocatoria y realización de elecciones en un plazo de noventa días.

El punto quinto que levantamos se refiere a la libertad de los presos políticos y sociales. Esperábamos que en Argentina, después del 11 de marzo, y tal cual lo votó la inmensa mayoría de nuestro pueblo, no existieran más persecuciones de orden político, de orden social y menos que hubiera militantes populares represaliados, por una política represiva que está encaminada a satisfacer las reclamaciones de la derecha. Muchos son los compañeros, con nombre y sin nombre, conocidos y anónimos, que han caído presos y que por la presión popular, por la lucha popular han recuperado su libertad. Algunos de ellos la han recuperado bajo el título de excarcelación y son sometidos a proceso. Otros continúan presos. Nosotros reclamamos la libertad de los presos en Córdoba y en el orden nacional. Y ponemos énfasis reclamando —pero igual para todos— en la libertad del compañero Cande, involucrado en un supuesto complot que el propio presidente de la Nación, de forma indirecta, desautorizó. Es que los organismos represivos, a quienes se incorporaron Villar y Margaride, responden en general a la política represiva contra todo lo popular y democrático, avanzado y revolucionario. Porque no es casual que ninguno de la derecha caiga preso, aún cuando hay sobradas razones para que vayan a la cárcel. El gran sedicioso de esta inconstitucionalidad, el teniente coronel Navarro, no sólo está libre sino que recibe singulares condecoraciones, mientras Cande y otros compañeros de todo el país y en Córdoba, están presos.

El punto sexto del Movimiento Sindical Combativo levanta la plena vigencia de un proceso democrático y popular. La plena vigencia de las libertades democráticas y públicas. La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás atribuciones democráticas del pueblo. Y al levantar eso, también reclama la derogación de la legislación represiva. De esa legislación represiva, reimplantada en gran parte en el Código Penal, y llevada adelante diariamente, cotidianamente por los organismos de la represión. Reclama la derogación del decreto que prohibió el diario “El Mundo”. Reclama y repudia los atentados contra el diario “Noticias”; los ataques vandálicos contra el diario “La Voz del Interior” como así también, contra los semanarios como “Militancia”, “El Descamisado” y otros.

Civiles armados patrullan con total impunidad las calles de Córdoba durante el Navarrazo y con el interventor Lacabanne
Vemos que en general en el país se da toda una serie de hechos que tomando distintos aspectos del quehacer nacional, marcan una política hegemónica de la derecha destinada a quebrar la libertad democrática y a instaurar una dictadura profascista, corporativista al estilo de Onganía.

En el punto séptimo, ratificamos nuestra posición contra el Pacto Social. El Pacto Social naufraga a pesar de las patronales, a pesar del capitalismo dependiente asociado al Imperialismo, al propio Imperialismo y a la burocracia.
Tenemos como muestra de lo que es el Pacto Social esta larga serie de reuniones, de la denominada Gran Paritaria Nacional, en  la cual se discute si el aumento va á ser de 5 % o del 8 %, de 1 5.000 o de 20.000 pesos. Los representantes —entre comillas— obreros, ya han dado el aval al aumento de los precios, porque el problema para ellos ya no está en los precios. Discuten hasta 3 puntos —le llaman ellos— sobre el aumento salarial. La propia burocracia que solía apelar al Comité Central Confederal, la burocracia qué en boca de Otero, habla de que es un proceso democrático, no ha convocado siquiera al Comité Central Confederal. No sólo para una resolución —que es lo que correspondería— sino para tener la opinión de cuánto debe ser el aumento de salarios para los trabajadores. Lo vemos, evidentemente, en el Ministro de Economía, con la C.G.E. deliberando en secreto sobre nuestros salarios, sobre los salarios de los trabajadores, sobre el nivel de vida de la clase trabajadora. Lo vemos reclamando arbitrajes, que —según las noticias— le han sido negados y los vemos caminando nuevamente hacia las patronales, para renegar de su misión y entregar el nivel de vida de la clase obrera a la política, que no es de la clase obrera, sino que es de los patrones.

El Movimiento Sindical Combativo fija como monto mínimo para el salario inicial doscientos mil pesos. Sostiene que el aumento de emergencia debe ser de sesenta mil pesos para todos los trabajadores activos y jubilados, y que deben discutirse libremente los convenios colectivos de trabajo; o sea hacer funcionar lo que también es parte de esta legalidad cual sería la vigencia de la ley 14.250.

El punto octavo se refiere a la ratificación del pronunciamiento contra la ley de Prescindibilidad. Y el repudio a la prórroga que pretende plantearse, llevando la inestabilidad de los trabajadores hasta el 3 1 de diciembre de 1974.

Resulta paradójico que en un gobierno denominado popular, por tantos meses y más de un año, centenares de miles de trabajadores no tengan, al menos, su estabilidad asegurada. Son centenares de miles de compañeros que viven bajo el mal humor, la discrecionalidad, el capricho, la discriminación política de los funcionarios. Y ya tenemos pruebas concretas de lo que sucedió en IME, en Córdoba; de lo que está sucediendo en el Banco de la Nación Argentina, donde los trabajadores, al mismo tiempo que enfrentan la política cómplice de la burocracia de la Asociación Bancaria, desarrollan una lucha en defensa de su estabilidad que va proyectándose cada vez más.

Nosotros damos nuestra solidaridad y ponemos como ejemplo la lucha de los compañeros bancarios. Y señalamos también, las denuncias que han surgido de los compañeros de Vialidad Nacional, de los compañeros de la Junta Nacional de Granos, que denuncian el avance de esta ley de Prescindibilidad, que va atacando el más elemental derecho de los trabajadores, que es el de poseer un salario para su subsistencia propia. A su vez, señalamos también que quienes apoyan a la Intervención, que quienes la han impulsado, señalaban por las radios que debe en Córdoba cumplirse el Pacto Social; que debe en Córdoba, llevarse adelante la ley de Prescindibilidad. Los trabajadores estatales provinciales de Córdoba están considerando la posibilidad de funcionar coordinadamente para enfrentar la prescindibilidad que amenaza también a los estatales provincia les y municipales.
  Militancia Nº 36, 7 de marzo 1974. Informe sobre la situación en Córdoba. Clic para descargar
El punto nueve es la plena democracia sindical de base. Declaramos nuestra solidaridad con los compañeros metalúrgicos de ACINDAR y de otras empresas de San Nicolás, que mediante una acción decidida y combativa, después de cuatro años de intervención de la burocracia, enfrentaron a quienes pretendían represaliar a los delega dos, a la Comisión Interna y lograron un compromiso para que el gremio elija, como corresponde, a sus representantes. A su vez, en Córdoba, tenemos a los compañeros municipales que están intervenidos, a los compañeros de la Sanidad que hicieron una elección y no se reconoce el resultado de la elección y permanecen, también intervenidos. Por eso reclamarnos en esto la normalización de todas las organizaciones intervenidas, con un criterio de pleno respeto a la democracia sindical.
Por último el Movimiento Sindical Combativo declara su solidaridad por los derechos democráticos del movimiento estudiantil. Identifica con sus reclamaciones, en relación a vanos aspectos de la lev Universitaria; en el sentido de haber sido colocados en una situación franca mente minoritaria; en el sentido de prohibir la actividad proselitista, que le llaman, o sea, prohibir la libre expresión de las ideas en los claustros universitarios que constituye una aberración contra toda práctica democrática. Y al solidarizarnos con los compañeros estudiantes levantamos la vieja consigna de la unidad obrero-estudiantil para la lucha en común por todas estas reivindicaciones.

Para llevar a la práctica esta protesta, esta lucha, por estos diez puntos fundamentales, el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba ha convocado, como primer paso, a un acto público el día jueves 28 del corriente, o sea el día jueves próximo en el local del ex Córdoba Sport Club a las 20 hs., donde se pondrán a consideración estos diez puntos.

Luego se continuará c toda la tarea esclarecedora, agitativa y de lucha para que estos diez puntos puedan ser materializados tal cual nosotros lo aspiramos.

Hacemos una convocatoria, una invitación a todo el movimiento obrero, a los partidos políticos, a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones sociales de todo tipo, para que adhieran, para que participen de este acto y de toda esta campaña que iniciamos hoy y que vamos a desarrollar permanentemente a través de reuniones, a través de asambleas de actos conjuntos con el movimiento estudiantil y de medidas de acción directa del campo obrero y popular para que Córdoba recupere su autonomía, para que se recupere la C.G.T. para los trabajadores, para que se respeten los derechos obreros y populares y para contribuir a lo que es fundamental para nosotros, que es el proceso de Liberación Nacional y Social Argentino.

Esto es compañeros, lo que corresponde en primera instancia. Luego los compañeros también ampliarán sus puntos de vista y quedamos ante el periodismo a su disposición para las preguntas o aclaraciones que quieran formular. Nada más.


AGUSTIN TOSCO
El Negro

En cercanías de Capilla del Señor -provincia de Buenos Aires- el 16 de septiembre de 1974, 130 balazos calibre 9 mm. fueron descargados sobre los cuerpos de Atilio López y el de su acompañante Juan José Varas, por sicarios de la Triple A. El “Negro”, un digno representante de los trabajadores, que no traicionó su condición de clase, aún espera una reivindicación histórica.

Por Katy García*

Quienes participaron de las luchas obreras de los años sesenta y setenta, recuerdan a dos referentes fundamentales: "el Negro y el Gringo”. Atilio López es el negro y Agustín Tosco, el gringo. López, Fue el tercero de cuatro hermanos varones. Nació el 9 de agosto de 1929. Su padre era empleado en la sastrería de la cárcel de encausados y su madre ama de casa. Le pusieron Hipólito como primer nombre en honor al presidente Irigoyen y porque compartían el ideario de la Unión Cívica Radical. Asistió a la escuela Olmos - hoy shopping, propiedad de George Soros.

Abandonó la escuela primaria para dedicarse al trabajo y al deporte. A los 15 años ingresó como cadete en una fábrica de galletitas. Su único biógrafo hasta la fecha, Mario Lavroff, destaca que por aquel entonces ya manifestaba una clara vocación por la defensa de los trabajadores. En forma simultánea continúa compitiendo en 100 y 200 metros llanos. Llegó incluso a ser campeón argentino. A los 21 años ingresa como chofer a la empresa de transporte automotor CATA. Se casa y tiene dos hijos.
El macartismo de la "Jotaperra", la JP fascista inventada por López Rega y sus secuaces, gérmen de la Triple A.
Carismático, inteligente, autodidacta y de salidas humorísticas a pedir de boca, no tardó en ganar la confianza de sus compañeros que lo eligen delegado. Desde entonces le pone el cuerpo a la lucha y transita el camino de la militancia sindical en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Al igual que la mayoría de los trabajadores cordobeses, se identificó con el peronismo y durante la resistencia, dirigió la primera huelga levantando los programas obreros aprobados en Huerta Grande y La Falda.

A los 27, ya era secretario general de UTA y ocupó igual cargo en la Confederación General del Trabajo (CGT-Combativa) de Córdoba, pluralista y antiverticalista. En 1969, junto a Elpidio Torres y Agustín Tosco fueron los referentes claves del Cordobazo antesala de la caída del dictador Juan Carlos Onganía.

Comprometido con los ideales del peronismo revolucionario, como cuadro político sindical, en 1973, el voto popular lo consagra vicegobernador junto a Ricardo Obregón Cano a la sazón gobernador. En febrero de 1974, un golpe institucional promovido y consentido desde el gobierno nacional ejercido por el General Perón, los echa por vía de una sublevación policial luego conocida como el "Navarrazo".

Y para que no hubiera dudas de que el ala izquierda del peronismo sindical sería aniquilada le arrebatan el sindicato. En cercanías de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1974, en coincidencia con el decimonoveno aniversario de la Revolución Fusiladora, 130 balazos, calibre 9 mm., fueron descargados sobre su cuerpo y el de su acompañante Juan José Varas, por sicarios de la Triple A. Una multitud acompañó el cortejo fúnebre desde Barrio Empalme hasta el cementerio San Jerónimo.

Este crimen político, ocurrido durante el gobierno de la derecha peronista, preludia una política de Estado basada en el exterminio de militantes políticos, sindicales y sociales que luchaban por el socialismo nacional. "La derecha quería sacarse de encima a quienes en la memoria colectiva podrían ser referentes en el futuro", supo decir Elvio Alverioni, dirigente de la Tendencia Revolucionaria a quien le tocó la dura tarea de acompañar con el megáfono el cortejo. El “Negro”, un digno representante de los trabajadores, que no traicionó su condición de clase, aún espera por una reivindicación histórica.

*Periodista

Fotografía: www.agustintosco.com.ar
Bibliografía: Mario C.Lavroff. Atilio López, sus luchas, su vigencia.1995.
James Brennan. El Cordobazo Las guerras obreras de Córdoba 1955-1976.Editorial Sudamericana.
Entrevista con Guido, hijo de quien fuera un amigo cercano Carlos Dreizik.

Fuente: www.prensared.com.ar 2008
Asalto al local del Partido Comunista

El Partido Comunista acaba de entrar en la causa de la AAA (2007) con un caso siniestro y bien documentado: la destrucción de su local en Córdoba el 10 de octubre de 1974, con detenciones y un asesinato.

Por Miguel Jorquera
El acta notarial lleva la firma de dirigentes políticos y funcionarios policiales. Relata las condiciones en que la policía cordobesa entrega el local allanado al Partido Comunista de la ciudad de Córdoba el 10 de octubre de 1974, donde la brutal irrupción a los balazos de policías y civiles continuó con torturas, golpes, simulacros de fusilamientos y la muerte de una militante comunista que se desangró por la hemorragia que le provocó “la introducción del cañón de un arma en la vagina”. La patota rompió todo, baleó y saqueó las cajas fuertes y dejó sus marcas en las paredes de la casona de Obispo Trejo 354: varias leyendas con amenazas de muerte y la firma de las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina). Ese documento acaba de ser incorporado a la causa en la que el juez Norberto Oyarbide pidió la detención y extradición de la ex presidente Isabel Perón, por el supuesto delito de haber cobijado bajo el amparo del Estado a la banda paramilitar que asesinó a más de 1000 personas antes del golpe de Estado de 1976.
Crueldad infinita
Menéndez y cinco policías fueron procesados y detenidos (2007) por las salvajes torturas y el asesinato del subcomisario de la policía de Córdoba Ricardo Albareda, militante del ERP. Una historia de venganza de particular crueldad.

Por Camilo Ratti

Ricardo Fermín Albareda era ingeniero electrónico, subcomisario de la policía de Córdoba a punto de ser ascendido a jefe de Comunicaciones y miembro del aparato de Inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desde 1972. Luego de haber “salvado a mucha gente” según ex compañeros de militancia, el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por la patota de la D2 de Informaciones, trasladado al centro clandestino de detención “Casa de Hidráulica” frente al lago San Roque, torturado con saña por sus compañeros de fuerza y desaparecido. Por este hecho la jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y de los policías Aníbal Campos, César Armando Cejas, Hugo Cayetano Britos, Hugo Roberto Carabante y Calixto Luis Flores.

De familia de policías –su padre y sus dos hermanos también lo fueron– Albareda comenzó a estudiar Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba a principios de los setenta. Como miles de jóvenes de su generación, Ricardo se sintió atraído por las discusiones y los debates políticos en las aulas universitarias. Así fue que se acercó al Partido Revolucionario de las Trabajadores (PRT), la organización que dos años antes había decidido formar su brazo armado, el ERP. Era 1972 y el gobierno de Lanusse tenía fecha de vencimiento con  la vuelta de Perón y el llamado a elecciones libres para marzo de 1973. Después de un año de gobierno popular, con Obregón Cano y Atilio López a la cabeza, la Triple A comenzó a mostrar los dientes en Córdoba. Primero con el Navarrazo en febrero de 1974 y luego con la intervención del brigadier Lacabanne. Al tiempo que la guerrilla aumentaba su poderío militar, en Córdoba surgía el Comando Libertadores de América, una organización paramilitar/policial que sembró el terror que cosecharía un año después la dictadura.

Albareda ascendió en la estructura policial, cursó sus últimas materias y colaboró con la inteligencia del ERP. En pleno gobierno militar y en función de una foja de servicios impecable, Albareda llegó al grado de subcomisario en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno. “El lugar que ocupaba era clave para el desarrollo de nuestra lucha, porque en la central de comunicaciones él se enteraba de los procedimientos que hacían los grupos de la D2 y nos avisaba.  Así logró que mucha gente se salvara de las garras de Raúl Telleldín y toda su banda de asesinos”, dijo a Página/12 Carlos Orzacoa, abogado y ex dirigente de la Regional Córdoba del PRT.

“Nuestra estructura de inteligencia no estaba integrada por células, sino que respondían a un solo contacto. Ese tabicamiento del trabajo permitió que Albareda estuviera tanto tiempo dentro de la policía sin que nadie sospechara de él”, agregó Orzacoa. Elena del Carmen Germán Sueldo, ex integrante de la misma organización político-militar, secuestrada y torturada en la D2 junto a su marido Julio Oropel, también del PRT/ERP, reconoció en su testimonio ante la Justicia federal que luego de fugarse del país en 1975 “pudo tener esporádicas noticias sobre Albareda, a través de terceros, conocidos de ambos, logrando saber así que se hallaba bien y que continuaba su militancia en el partido, cortándose ya toda información hacia el año 1978”.

A punto de ser ascendido a comisario, Albareda fue descubierto. Aunque nadie sabe quién lo entregó ni cómo, el testimonio de Carlos Moore, un ex guerrillero convertido en colaborador policial luego de su secuestro y cautiverio en la D2, es un aporte: “Desde 1975, Inteligencia se abocó a la búsqueda e identificación de un oficial de policía sindicado de militar en Informaciones del ERP. Luego de numerosos e interminables chequeos de fotografías de empleados de policías hechas visar por los secuestrados, finalmente a mediados de 1979 identificaron al oficial cuya suerte quedó librada a Américo Romano, quien ordenó su secuestro”.

A las diez de la noche del 25 de septiembre de 1979 un grupo de policías de la D2 lo detuvo en la calle, mientras manejaba su auto. Luego de forcejear con sus captores, el policía fue metido a un auto y trasladado a la Casa de Hidráulica en Carlos Paz. Minutos después llegaron el comisario Telleldín (el padre de Carlos, involucrado en el caso AMIA) y Romano, jefe de los operativos callejeros, acompañados por el agente Hugo Britos. Comenzaron la sesión de tortura junto a los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Después de varias horas, Telleldín llamó a uno de los tres policías que custodiaban la guardia del lugar, Roque Calderón, para que “vea lo que le pasa a los traidores”. Atado de pies y manos a una silla, mientras unos insultaban y degradaban a Albareda sacándole sus insignias, Telleldín proclamaba enfurecido que el escarmiento era para los “infieles a la fuerza policial”. Según el relato de Calderón que consta en la resolución judicial, el capo de la D2 “sacó un estilete del tipo bisturí, se colocó un par de guantes de cirujano y procedió a la castración de Albareda, quien indefenso daba horribles gritos de desesperación y dolor”. Como no aguantaba, Calderón le pidió permiso a su jefe para retirarse de la sala. Luego, los hermanos Carabante le contarían que Telleldín metió los testículos en la boca de Albareda, se la cosió y lo dejó sentado ahí, desangrándose, mientras ellos comían un asado en el patio de la casona. El cuerpo de Albareda, que nunca apareció, habría sido trasladado por Telleldín, Romano y Britos en un auto, obligando a los guardias a “limpiar todo con lavandina”.

La jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el procesamiento y prisión preventiva de un militar y cinco policías por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado. El militar es Luciano Benjamín Menéndez, jefe en ese momento del Tercer Cuerpo de Ejército, que comandaba todas las operaciones “antisubversivas”. Los policías son Aníbal Campos, jefe de la policía de Córdoba en 1979, César Armando Cejas, jefe de la D2, y los agentes Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Hugo Roberto Carabante, del mismo grupo policial que de 1974 hasta 1983 cometieran todo tipo de violaciones a los derechos humanos en el marco de una repartición estatal

Página/12, 11/02/07
“Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A” (sic), decía la leyenda más extensa que dejaron policías y civiles en una de las paredes del local comunista de la ciudad de Córdoba en octubre del ’74. Las otras, también realizadas con aerosol negro, eran más ofensivas que políticas: “bolches hijos de putas. Tres A”; “zurdos putos”, y “zurdos hijos de putas”. En el acta también  figura el “pomo de aerosol” lleno de “huellas digitales” de quienes hicieron las pintadas en el operativo del que participaba la policía cordobesa. Los comunistas acusaron del crimen de Tita Clelia Hidalgo, una joven de 30 años oriunda de Río Tercero, y las torturas que sufrieron otros 46 militantes que estaban en el local, al interventor federal de la provincia, el brigadier Oscar Lacabanne, y su jefe de policía, Héctor García Rey. “Aquí está la punta del ovillo para descubrir quiénes son las Tres A”, denunciaron entonces los dirigentes del PC en Córdoba y Buenos Aires.

El acta notarial, el informe médico realizado por los doctores Osvaldo Khan y Emilio Ruderman sobre los golpes y torturas que recibieron los militantes, documentos fotográficos y el relato de quienes sufrieron los vejámenes y tormentos fueron entregados hace unos días al juez Oyarbide por una delegación del PC. Los comunistas también entregaron otros documentos y una extensa lista de militantes asesinados por las Tres A, y otra con testigos y sobrevivientes de los atentados de la banda paramilitar. Pero le pidieron al juez federal que los incorpore como querellantes en la causa, a la que ya se habían presentado junto a otras organizaciones políticas y de derechos humanos.

El asalto al local comunista en Córdoba fue una de las huellas claras que dejaron las Tres A de sus vínculos con todo el aparato estatal. Poco después de las siete de la tarde del 10 de octubre de 1974, policías y comandos civiles ingresan en la casona de Obispo Trejo disparando ráfagas de armas de guerra –“Itaka, metralletas, pistolas 45”– después de volar la cerradura de la puerta de entrada. El único recaudo que tomaron los comandos cordobeses es que no les vieran las caras. “Nos tiraron a todos boca al piso, mientras disparaban sobre nuestras cabezas y caminaban por encima nuestro repartiendo culatazos y patadas” al grito de “bolches hijos de puta, los vamos a matar a todos”, relataron varios de los que vivieron el tormento. Luego fueron separando a distintas personas para torturarlas y exigir que aparezcan “las armas”. Así comenzaron los simulacros de fusilamiento a los pequeños grupos que sacaban al patio mientras gatillaban las armas y los disparos repiqueteaban cerca de sus cuerpos. A otras salas del local se llevaban a las mujeres, desde donde “se escuchaban gritos desgarradores”.

Tras dos horas de tormentos en los que nunca cesaron los disparos dentro del local, los hicieron formar “con las manos en la nuca” y la “obligación” de mantener los ojos cerrados para pasar por una doble fila de asaltantes que descargaron “patadas, latigazos, culatazos y trompadas” a su paso.

“A ver, uno con credencial de la Federal que salga a la calle” y “sáquenlos, los primeros al móvil 184”, ordenó uno de los asaltantes según el relato del dirigente comunista Jorge Caselles. Afuera los subieron a un camión y “nos fueron apilando como fardos uno arriba de otro, lo que hacía que los que quedaran abajo casi ni pudieran respirar”, dijo entonces Enrique de Dios. “A estos los vamos a rociar con nafta y los vamos a quemar a todos”, volvió a escuchar Caselles antes de que el jefe le ordenara a un subordinado “no tires gases a la esquina (de Trejo y Quirós) porque el viento lo trae para acá”.

En la retirada, los comandos volvieron a disparar ráfagas de tiros y proferir amenazas para ahuyentar a los curiosos. La recorrida duró poco. Enseguida llegaron a la División Informaciones de la policía provincial. Allí los volvieron a tirar de cara al piso, formar la fila con las manos en la nuca y los ojos cerrados. Adentro, les vendaron los ojos con jirones de trapos de los carteles que habían traído del asalto, aunque antes algunos lograron ver el patio del lugar con decenas de personas (ver aparte) en las mismas condiciones: con los ojos vendados y manos en la nuca esparcidos por el piso o contra las paredes, varios de ellos esposados. Así estuvieron más de 40 horas, antes de recuperar la libertad, tras otros interrogatorios, amenazas y acusaciones de “asociación ilícita” y “tenencia de munición de guerra”.

Pocos días después Clelia Hidalgo murió en el Hospital de Clínicas cordobés. Un policía advirtió la intensa hemorragia –que le produjo que “le introdujeran el cañón de un arma en la vagina”– mientras la interrogaba. Ordenaron su traslado “en calidad de detenida” a la sala policial del policlínico del barrio San Rafael. Tras reiteradas denuncias, y por su delicado estado de salud, fue nuevamente trasladada al Clínicas, pero Clelia no soportó las lesiones que sufrió en el  asalto.

El 15 de octubre la policía entregó el local del PC ante un escribano, por exigencia de los comunistas. Allí consta la forma ruinosa en que quedó la casona, los disparos en las paredes, las vainas servidas y las leyendas de las Tres A que dejó el operativo. El acta lleva la rúbrica de tres agentes de la seccional primera de la policía cordobesa: el suboficial ayudante José Amadeo, el sargento Ismael Salta (chapa 162) y el agente de consigna José Moldia (chapa 111).

El operativo y el Navarrazo

Ese 10 de octubre de 1974, la policía cordobesa desplegó un tenebroso operativo que culminó con el asalto a locales del Partido Comunista (ver nota principal), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Sindicato de Luz y Fuerza. La excusa fue que habían detectado que “desde un bar y con el apoyo de un Citroën verde, una pareja manipulaba un radiotransmisor”. La supuesta persecución comenzó en el céntrico edificio de los tribunales de la ciudad de Córdoba, que fue desalojado. Ante la mirada incrédula de centenares de personas, los policías, al mando de su jefe García Rey y del propio interventor federal, el brigadier Lacabanne, disparaba contra el edificio vacío, “sin ni siquiera parapetarse” y con la certeza de que no recibiría respuesta. La búsqueda de la pareja y el Citroën –que nunca aparecieron– siguió con los brutales allanamientos en los locales partidarios y gremiales.

Isabel Perón había decretado la intervención federal de la provincia tras el golpe institucional que pasó a la historia como “el Navarrazo”. El ex jefe de la policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Navarro, tomó la ciudad a punta de pistola con comandos policiales y civiles que arrestaron al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice Atilio López (luego amenazado y acribillado por las Tres A). Lacabanne, un brigadier que siempre decía actuar en nombre de Isabel, volvió a colgar del cuartel de la policía cordobesa la fotografía del ex jefe Navarro, que entonces estaba prófugo de la Justicia.

El tercer cuerpo y la barra de López Rega
Querellantes y ex miembros de la Conadep denunciaron crímenes de genocidio de la Triple A en Córdoba.

Por Camilo Ratti desde Córdoba

Ex miembros de la Conadep Córdoba y abogados querellantes de las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército presentaron una denuncia penal ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que instruya delitos de genocidio llevados a cabo por la versión cordobesa de la Triple A. El “Comando Libertadores de América” fue una organización criminal paramilitar y policial que actuó con muchísima intensidad desde la segunda mitad de 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Esos meses fueron los de mayor ferocidad por la cantidad de secuestros, torturas y muerte registrados. Para los abogados, los jefes de esta banda eran el ex capitán Héctor Pedro Vergez y agentes de la D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba.
Héctor Vergez
La revisión por parte de la Justicia federal del accionar represivo previo al golpe alentó a que varios abogados de la ciudad de Córdoba, algunos de ellos ex miembros de la Conadep local, presentaran ante la fiscal López de Filoñuk una denuncia penal para que instruya una gran cantidad de hechos criminales cometidos en el año y medio que precedió a la toma del poder por parte de la Junta Militar. “Los delitos aberrantes que se puntualizan en esta denuncia de ninguna manera pueden considerarse hechos aislados, sino que estamos ante delitos de lesa humanidad que se enmarcan en la figura de genocidio, establecido y definido en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, dice el escrito firmado por Luis Reinaudi, María Elena Mercado, María Teresa Sánchez, Carlos Vicente, Miguel Ceballos y Rubén Arroyo.
Para los letrados, los secuestros, asesinatos masivos, la desaparición forzada de personas, las violaciones de las víctimas y las torturas seguidas de muerte “formaron parte de una matanza que perseguía el confesado fin de aniquilar a los miembros de los grupos victimizados por presuntas o reales razones ideológicas, políticas e incluso raciales”. Y los  encargados de cometer estos delitos fueron los miembros del Comando Libertadores de América, una “organización paramilitar y parapolicial que operó en esta provincia desde mediados del año 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.
En el punto cuatro de la denuncia, los abogados sostienen que el Comando fue fundado por el entonces capitán Héctor Pedro Vergez con el sargento primero José Hugo Herrera y los entonces comisarios de la Policía de Córdoba Raúl Pedro Telleldín –jefe de la D2–, Fernando Esteban y Américo Pedro Romano (los tres fallecidos), el sargento ayudante del Ejército (retirado) Juan Antonio Tissera y los oficiales policiales Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón, Miguel Angel Gómez, Juan Eduardo Molina, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto Flores y Alberto Lucero, además de los civiles adscriptos como “personal de inteligencia” militar en el Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Lardone y Emilio Merlo.

Folleto editado por el Partido Comunista denunciando el ataque de la Triple A el 09/10/74. Clic para descargar.
Los civiles, excepto Merlo, se encuentran hoy procesados y detenidos por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército, por causas que los sindican como torturadores del centro clandestino La Perla, el más importante de la provincia entre marzo de 1976 y mediados de 1979. “La prueba fundamental de que organizaciones como la Triple A y el Comando Libertadores de América estaban constituidos por miembros de organismos del Estado nacional y provincial lo encontramos en el hecho de que a partir de la fecha del golpe estos grupos desaparecen. La respuesta más obvia al porqué de esta situación es que no tuvieron necesidad de accionar por fuera del aparato estatal, ya que pertenecían a él”, dice en la denuncia presentada por el defensor oficial, Marcelo Arrieta.
Respecto de los secuestros y desaparición de personas, el informe de la Conadep (uno de los elementos probatorios de esta denuncia) advierte que la mayoría se produjeron a partir del 5 de septiembre de 1975. “El secuestro de personas como método de detención surge en nuestra provincia casi un año antes del 24 de marzo de 1976, y son los meses de noviembre y diciembre del ’75 y enero y febrero del ’76 los que concentran la mayoría de las cincuenta y dos denuncias de secuestro correspondientes al período previo a la dictadura militar.”

Entre los principales hechos que los abogados le piden a López de Filoñuk que instruya se destacan el secuestro y desaparición de la familia Pujadas (Mariano Pujadas era sobreviviente de Trelew), el secuestro, tortura y asesinato del líder montonero Marcos Osatinsky, la masacre de nueve estudiantes bolivianos que aparecieron con balas en la nunca y maniatados con sábanas del Ejército Argentino, el secuestro y muerte de Eduardo Jensen y del conscripto Cacho Jiménez, el secuestro y desaparición de los abogados Miguel Hugo Vaca Narvaja padre e hijo, y las desapariciones de más de cuarenta personas, varios de ellos en el marco del “Operativo Moncholos” que el propio Vergez relata en su libro Yo fui Vargas: el antiterrorismo por dentro, donde confiesa que las detenciones no eran comunicadas a los jueces federales, tal como indicaba el procedimiento.

Para los abogados, “la privación ilegítima de la libertad o desaparición forzada de personas es de carácter permanente y hasta que no cese esta situación no se puede operar la prescripción, porque resulta obvio que el hecho delictivo se perpetúa en el tiempo. Por eso estos hechos denunciados son imprescriptibles y deben ser instruidos por la fiscal, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.

Fuente: Página/12, 04/02/07
El sangriento debut de las AAA en Córdoba

Por Alexis Oliva, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Córdoba Capital.

Hubo un tiempo en que los peronistas eran asesinados por antiperonistas. El episodio emblemático de ese tiempo fue el fusilamiento de civiles en un basural de José León Suárez, en 1956, narrado por Rodolfo J. Walsh en Operación Masacre.

Hubo otro tiempo en que los peronistas eran asesinados por otros peronistas. El personaje que vincula ambos tiempos quizás haya sido Julio Troxler, sobreviviente de aquel fusilamiento durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, actor que se interpreta a sí mismo en la versión fílmica de Operación Masacre rodada clandestinamente por Jorge Cedrón durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, víctima finalmente de la derecha peronista enrolada en la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Los crímenes de la AAA, prohijada por su ministro de Bienestar Social, ex cabo de policía, aprendiz de magia negra y miembro de la logia P 2, José López Rega, fueron declarados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, por lo que tres de sus jerarcas han sido detenidos y la ex presidente tendrá que rendir tardías cuentas a la Justicia.

El capítulo que se abrió con la decisión tomada por el juez federal Norberto Oyarbide en diciembre pasado, tiene una especial trascendencia para Córdoba, donde el golpe de estado policial conocido como el “Navarrazo” dio en febrero de 1974 vía libre para que los grupos parapoliciales de la derecha peronista actuaran con alevosía e impunidad.

Días después del asesinato de Troxler, perpetrado el 20 de septiembre de 1974, ocurría un episodio pavorosamente similar al de José León Suárez, que sería la tarjeta de presentación de las Tres A en Córdoba.
 
Recuadro de la revista El Caudillo Nº 16, marzo de 1974. La publicación era oficialista y respaldada por el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, oficiaba como vocero de la derecha peronista y de la banda terrorista paraestatal Triple A. La colección de El Caudillo puede descargarse de Ruinas Digitales
Finaliza septiembre del 74, el mes que despunta en Córdoba con la asunción del brigadier Raúl Oscar Lacabanne como interventor federal; el mes en que las Tres A asesinan en Buenos Aires -entre muchos otros- al abogado cordobés Alfredo Curutchet, al ex vicegobernador Atilio López, al intelectual de izquierda Silvio Frondizi y a Troxler; el mes en que Montoneros  pasa a la clandestinidad y secuestra a los hermanos Juan y Jorge Born; el mes que se va yendo en Córdoba con la asunción de un joven José Manuel de la Sota como Secretario de Gobierno de la Municipalidad.

Cercado por la represión, Miguel Angel “Chicato” Mozé, titular de la Regional III de la Juventud Peronista, intenta organizar en el departamento Cruz del Eje una liga agraria de cooperativas de pequeños y medianos productores, como parte de un proyecto nacional de Montoneros. Lo secunda un grupo de militantes de la JP y alumnos del Instituto Provincial de Educación Agrotécnica (Ipea) Nº 3 de la localidad de El Brete, de entre 19 y 22 años de edad. El 29 de septiembre es la cita para la primera reunión, en la comuna de Media Naranja, a la que unas quinientas personas confirman su asistencia.

El día anterior, los militantes que convocan al acto deciden por seguridad que un grupo se quede en Cruz del Eje y otro vaya a Media Naranja a supervisar los preparativos. En un viejo Citroën, parten aproximadamente a las 21 horas Luis Eduardo Santillán, Dardo Omar Koch y los hermanos Ernesto y Sergio Rojas. Pero nunca llegarán a destino.

El testimonio de Ernesto Rojas, uno de los sobrevivientes de aquel episodio, es escalofriante:

Una fábrica del terror: Centro de tortura y exterminio La Perla

La Perla, ayer y hoy
“Al hacer unas diez cuadras, nos damos cuenta de que un automóvil nos sigue, damos unas vueltas y logramos perderlo. En El Brete decidimos ingresar al IPEA, donde nos quedamos charlando con los compañeros de estudio como media hora y retomamos el viaje. El colegio se encontraba a unos cuatrocientos metros de la ruta. Unos doscientos metros antes de llegar a la ruta, vemos pasar el auto que nos perseguía. Continuamos el viaje hacia Media Naranja y a unos mil metros vemos el auto en la cuneta, que nos empieza a seguir con las luces apagadas. Llegamos al pueblito El Barrial, donde hay un almacén lindero con la ruta donde se juega a las cartas y al sapo. Paramos y nos metemos. Está lleno. Mi hermano Sergio se esconde detrás de un camión y yo me quedo en la puerta a ver qué hacen los que nos siguen. Bajan tres individuos con armas largas. Entro rápidamente al almacén, y ellos ingresan tirando al aire. La gente aterrorizada corre hacia una puerta al costado del local. Corro hacia ahí pero uno me toma de un brazo y me pone una pistola en la cabeza. Nos ponen de cara a la pared y por el rabillo del ojo puedo ver que ni Santillán ni Koch pudieron huir. Los parroquianos son peones rurales y algunos lloran de miedo.

Dominan la situación, dejan a uno de guardia y salen tirando en la oscuridad. Se escucha que patean las puertas de las casas y hacen una especie de allanamiento, sin dejar de disparar. A un chico de unos 11 años le pegan un culatazo en la cabeza. El dueño del local ingresa a una habitación e intenta cerrar la puerta y le atraviesan la mano de un balazo. La situación es infernal.
Luego entran de nuevo y comienzan a golpearnos, preguntándonos por el Chicato Mozé. Dejan salir a la gente y quedamos Santillán, Koch y yo. Nos revisan y a Santillán le encuentran un volante invitando a la reunión de los productores. Lo sacan y lo interrogan a golpes. Me preguntan mi nombre y les doy uno falso. Me golpean para que diga dónde está Mozé. Yo les niego que lo conozco. Traen a Santillán, nos vuelven a golpear, y nos hacen subir a su vehículo con la cabeza gacha. Inician el retorno a Cruz del Eje, donde dan unas vueltas y agarran por la ruta 38 hacia Córdoba. Al cabo de quince minutos, el que va atrás con nosotros da la orden de parar para ‘acomodar la carga’. Nos bajan, guardan las armas largas en el baúl y les vendan los ojos a Koch y Santillán. A mí no me pueden colocar la venda.

Reanudamos la marcha y con Santillán empezamos a tocarnos para ponernos de acuerdo, porque sabíamos que nos iban a matar. Mi intención era que en La Falda nos resistiéramos, ya que la ruta pasa por la ciudad y había más posibilidad de que alguien nos ayude.

Pasamos Capilla del Monte y San Esteban a gran velocidad. El negro Guerrero Martineitz está en la radio, y de pronto Santillán salta hacia el que va a su lado y yo hacia delante, aferrando el volante y tratando que salgamos de la ruta.

Los poderes establecidos: Ejército e Iglesia. Menéndez, dueño de la vida y de la muerte en Córdoba durante el terrorismo de Estado
Los dos que van adelante también agarran el volante y empezamos una lucha donde el auto va de un lado al otro. Uno grita que paren y el que va al volante empieza a frenar. El acompañante agarra una pistola y tengo que largar el volante y agarrarla por el caño, tratando de desviarla. El auto se detiene y seguimos luchando, Santillán atrás, y yo con los de adelante. De pronto, se abre la puerta de atrás y el que pelea con Santillán se baja, saca una pistola y le descerraja tres disparos. Me gritan que largue el arma. La suelto y me tiro al asiento de atrás. Veo a Santillán con la cabeza hacia atrás, quejándose y sangrando por la boca. ‘¡Qué han hecho! ¡No tenemos nada que ver!’, les grito. Me bajan de los pelos y yo siempre diciendo que no tenemos nada que ver e insultándolos. Uno me dice que corra. No le hago caso y sigo gritándoles. El que manda le dice a uno que me lleve adentro del campo. Nos introducimos como quince metros, me hace tirar al suelo, me apunta a la cabeza y me dice que me despida. Yo sigo con mi postura de que no tengo nada que ver. De pronto, me dice que me quede quieto, pega la vuelta y sale corriendo. Oigo que le preguntan qué pasó. ‘Vamos, vamos que está muerto’, dice, y se van.
Me levanto y voy a ver si está el cuerpo de Santillán. No encuentro nada y corro hacia San Esteban. En la estación de servicio, un automovilista me auxilia y me lleva a Capilla del Monte, donde radico la denuncia a las doce de la noche.

Cuando presento la denuncia, un policía me pregunta si las características del auto eran las de un Peugeot y si eran tres individuos, uno con barba. Le pregunto cómo lo sabe, y me dice que tenían orden de la Central de Córdoba de no detener ese vehículo”.
Retoma el relato Dardo Koch, el fusilado que vive de la operación masacre serrana: “Luego de que Rojas es bajado del coche, bajo un nerviosismo total, se emprende nuevamente la marcha a alta velocidad y transcurrido algún tiempo quienes nos llevan secuestrados se tranquilizan un poco. Uno de ellos no lo consigue, el chofer del auto, quien da a entender que se ha metido en algo que no tenía bien en claro, que le disgusta. El que comanda el grupo lo tranquiliza diciéndole que no hay nada que temer.
  Revista Con Todo, Vocero del Peronismo de Base, año 1, Nº 2, mayo 1974.
Santillán está herido y se queja de dolor. Por las características del camino comprendo que estamos camino a Córdoba, pero más allá el auto, un Peugeot 404 si no recuerdo mal, gira y comienza a recorrer un camino con muchas curvas que creo identificar como el que va hacia el cerro Pan de Azúcar. Santillán ha dejado de quejarse y comprendo que ha muerto. El chofer se pone más nervioso al ver las luces de otro auto que viene atrás. Cree que alguien los persigue y es nuevamente tranquilizado por el líder del grupo. Luego da la orden de frenar el coche. Bajan a Santillán y allí, ya muerto, lo ametrallan.
Nuevamente apuros. Suben al coche y arrancan a gran velocidad. Pasamos por un lugar donde oigo perros ladrar. Tras algunos minutos, vuelven a parar el coche y me dan orden de bajarme, poniéndome en el costado que da al cerro, con las manos en alto. Nuevamente se ven luces de auto que se aproximan. Esto provoca otra vez apuro.

Les pregunto qué van a hacer conmigo, a lo cual responden: ‘Si te quedás callado y no decís nada de lo que ha pasado, no te va a pasar nada’.

Seguidamente me disparan un balazo en la cabeza. Yo siento un golpe. No escucho ningún ruido, sólo el golpe. Y tomándome de la cabeza, me arrojo al suelo. Se acercan y uno pregunta: ‘¿Estás seguro que está muerto?’. El otro le responde: ‘Sí, mirale la cabeza como la tiene’.
La sangre que derramé más la derramada por Santillán sobre mí (en la ropa, el cuerpo y la cabeza) confundieron a estas personas y en el apuro me dieron por muerto. Santillán se desangró en gran parte sobre mí, ya que íbamos acostados entre los asientos delanteros y traseros, el uno sobre el otro, desde el comienzo del secuestro.
Me toman por los brazos y los pies y me arrojan hacia abajo del camino. No escucho que ellos se vayan. Tampoco escucho ningún auto pasar detrás de ellos, por lo que deduzco que me desmayo al golpear contra las piedras. Esa noche duermo en el cerro, por temor a ser encontrado nuevamente por los que nos habían secuestrado. Tomo contacto recién al otro día con la policía, quienes me llevan al hospital de Cosquín y luego de ser revisado me trasladan a Córdoba”.

Dardo Koch se recuperó y tiempo después fue obligado a exiliarse en Noruega, donde todavía hoy vive y trabaja como enfermero especializado.

Ernesto Rojas fue apresado tres días después en una casa operativa de Montoneros en Córdoba y peregrinó por más de media docena de cárceles hasta su liberación en 1984. Actualmente, reside en Andalgalá, Catamarca, donde tiene un motel y trabaja en un programa de radio.

Sergio Rojas escapó a esta masacre y fue secuestrado y asesinado el 14 de abril de 1977.

Luis Santillán fue velado en la sede del Partido Justicialista y sepultado en Cruz del Eje. Montoneros solventó el servicio fúnebre.

Miguel Angel Mozé fue detenido el 22 de julio de 1975, acusado del secuestro de un ejecutivo de la Coca Cola. El 17 de mayo de 1976, junto a otros cinco presos políticos de la Penitenciaría Nº 1 de Córdoba, fue fusilado en un fraguado intento de fuga.

En una pared de la pulpería de don Mohamed Hossein, en El Barrial, los asesinos dejaron pintada su rúbrica: Comando Sergio Bertoglio. AAA. Fue su primera acción en Córdoba. Nunca se conoció la identidad de sus miembros.

Miércoles 14 de febrero de 2007,
Fuente: www.agenciacta.org.ar
Córdoba 1974: el golpe de Perón
Por Eduardo Castilla

El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Antonio Navarro, depone al gobernador Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López1. Se impone, de hecho, un estado de sitio garantizado por la policía con el auxilio de grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista. El “Navarrazo”, fue impulsado abiertamente por Perón con el aval de la patronal y la burocracia sindical. Este golpe justificado bajo la llamada “depuración ideológica” del peronismo, buscaba liquidar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se venía desarrollando desde el Cordobazo2.

Perón en el poder

Con la vuelta de Perón al país se inicia una ofensiva abierta de la derecha peronista contra los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria. El 1º de Febrero del ’74, la CGT de Santa Cruz denuncia “infiltraciones marxistas en el gobierno provincial”. Pocos días después las 62 organizaciones en Salta resuelven “declarar personas no gratas al gobernador de la provincia (…) por ‘ser cabezas visibles del aparato mentado por el marxismo’”3. Esta ofensiva se repite en San Luis y Mendoza.
En Córdoba, los diarios hablan constantemente de la posibilidad de una intervención federal. “Córdoba es un foco de infección” había dicho Perón.
A fines del ‘73 los trabajadores del transporte obligan al gobierno a otorgar un aumento salarial. Al mismo tiempo los empleados públicos imponen a la Legislatura la aprobación del Estatuto del empleado público. El gobierno nacional acusa entonces a Córdoba de “romper el Pacto Social” y señala que éste “no puede tener eslabones débiles”4
La provocación patronal correrá a cargo de la FETAP (empresarios del transporte) que, negándose a aceptar el aumento salarial acordado, a partir del 19 de febrero inicia un lock-out patronal abierto: “de los aproximadamente 900 ómnibus que cubren sus recorridos habitualmente unos 350 habían cesado de andar”5
En un clima completamente enrarecido el jefe de policía Navarro es acusado públicamente de mantener “reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia”. En estas reuniones con la derecha peronista y las 62 organizaciones se preparó el golpe del día 28.

El levantamiento
Los gobernadores de la Tendencia
Durante el periodo constitucional que fue desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976, de los 22 gobernadores elegidos, 6 fueron reemplazados sin mediar elección.
En Misiones el gobernador y el vicegobernador fallecieron en un  accidente de aviación. En primer término fueron sustituidos por el Presidente de la Legislatura y posteriormente por una intervención federal, llamándose finalmente en 1975 a elecciones para elegir nuevo gobernador.
Pero en otros cinco distritos – Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Salta y Santa Cruz - por diversos mecanismos, se forzó el cambio de gobierno con una clara motivación ideológica.
Cinco gobernadores reemplazados pertenecían al grupo denominado Tendencia Revolucionaria o habían pasado a ser dirigentes del Partido Peronista Auténtico, brazo político de esa corriente.
Señalamos que el justicialismo en pleno llevó como candidatos a gobernadores en las elecciones de marzo de 1973, en distritos muy importantes, a políticos que simpatizaban más o menos abiertamente con la Tendencia Revolucionaria. Apenas seis meses después, el giro fue de tal magnitud que, a modo de ejemplo, en 1975 en Córdoba y por unos días, fue interventor Luciano Benjamín Menéndez (1)

Cambios de Gobernadores electos entre 1973 y 1975

Buenos Aires - Oscar Bidegain (renuncia) 23/01/74
Córdoba - Ricardo Obregón Cano-Hipólito Atilio López (2) 02/03/74
Mendoza - Alberto Martínez Baca junio de 1974 (juicio político y posterior destitución por la Legislatura).
Mendoza - Carlos Mendoza 03/08/74 Intervención por ley del 13/08/74
Santa Cruz - Jorge Cepernic 07/10/74
Salta - Miguel Ragone 23/11/74 (decreto de intervención firmado por el Ministro del Interior, Alberto Rocamora)
Misiones - Luis Ángel Ripoll 21/01/75

(1) Decreto de Italo Luder que designó interinamente en el gobierno provincial al Comandante del III Cuerpo de Ejército, General Luciano Benjamín Menéndez, 19 de septiembre de 1975.
(2) En Córdoba fueron derrocados tanto el gobernador como el vicegobernador. Posteriormente el vicegobernador fue asesinado por la Triple A.

Gisela Candarle  |  www.fundacionbicentenario.org  |  Imagen: Oscar Bidegain
El día 27/02 el Gobierno comunica a Navarro su separación de la conducción de la Policía. Pocas horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo. Señala La Voz “la gente no podía pasar hacia la Plaza San Martín. Todas las vías estaban cortadas. Policías con ropa de fajina y cascos de acero, lucían armas largas impidiendo la circulación de peatones”6
Por la noche se toma la Casa de Gobierno, deteniendo a Obregón Cano, López y varios funcionarios más. Esa madrugada se llevarán a cabo ataques con bombas contra La Voz del Interior, la casa del gobernador y su ministro de gobierno, entre otros. Grupos parapoliciales coparán las principales radios de la ciudad para transmitir en apoyo a Navarro. En los dos días siguientes serán detenidos más de 80 personas y se producirán decenas de allanamientos ilegales. El rol golpista de la FETAP será evidente: los colectivos, ausentes durante días en las calles, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales.
Se combinarán tres elementos para consolidar el golpe: en primer lugar, el accionar de las bandas paramilitares y la policía; en segundo lugar, la actuación del gobierno nacional, impulsando abiertamente un proyecto de intervención de la provincia (de esta forma Perón legalizaba el golpe de Navarro). Finalmente los empresarios y la burocracia de las 62 organizaciones actuarán en común para impedir una respuesta del movimiento obrero. El lock-out patronal se generaliza y las 62 organizaciones convocan a un paro por tiempo indeterminado en “adhesión a la valiente y patriótica actitud tomada por el peronismo de Córdoba en apoyo a su Policía”. De esta forma, hasta el 5 de marzo, la ciudad se halló virtualmente paralizada. Esto debilitó fuertemente a la clase obrera, al impedirle concentrarse en sus lugares de trabajo para dar una respuesta contundente al levantamiento policial.
Algunas conclusiones y un debate

El golpe fue abiertamente impulsado por Perón y el gobierno nacional. Tal es así que el mismo día se realizaba en Alta Gracia7 el Congreso “Normalizador” de la CGT, con la presencia de Otero, Ministro de Trabajo de la Nación.
¿Qué se proponía este golpe? En primer lugar, establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y en particular derrotar a sus sectores de vanguardia. El movimiento obrero se hallaba escindido en Córdoba entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Los tres últimos sectores, opositores al Pacto Social, controlaban gremios de peso estratégico: la UTA, Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. En el resto del país los gremios más poderosos se hallaban en manos de la rama ortodoxa.
En segundo lugar, se trataba de apropiarse del aparato del Estado para utilizarlo abiertamente contra la clase obrera y los sectores populares que enfrentaban crecientemente el Pacto Social y el conjunto de la política del gobierno de Perón. No era sólo una disputa de poder en el seno del peronismo, como lo presentó en ese momento la UCR o como lo señalan hoy algunos intelectuales8, sino que se buscaba controlar el Estado para desatar una persecución abierta contra la clase obrera. Esto se continuaría y acentuaría luego bajo las intervenciones federales, en particular la de Lacabanne.
En tercer lugar, Córdoba tenía un enorme peso dentro de la política nacional, no sólo por su tradición de lucha reciente, sino por albergar a algunos de los dirigentes más importantes del movimiento obrero, como Tosco o Salamanca. “Imponer orden” en Córdoba, tenía entonces una enorme repercusión nacional9.
Ante esta ofensiva, la respuesta del movimiento obrero combativo aparece completamente impotente10. En una entrevista realizada a Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, se podía leer lo siguiente:
“Pregunta: ¿Y cómo es que no se ha producido ninguna reacción de tipo masivo?
Tosco: Se están haciendo actos relámpagos, algunas asambleas de fábrica, etc. (…), pero hay una relación de fuerzas básica que está dada por el teniente coronel Navarro y su policía con las armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales”11
¿Como podía ocurrir esto en la ciudad del Cordobazo y el Viborazo, donde la clase obrera junto al movimiento estudiantil y el pueblo había logrado derrotar a las fuerzas policiales?
La falta de una respuesta masiva se explica, en primer lugar, por la confianza que suscitaba Perón todavía en las grandes masas. Fue por ello que los golpistas enarbolaron la bandera del “auténtico peronismo”. Esto les garantizaba, sino el apoyo, por lo menos la pasividad de sectores amplios del movimiento obrero frente al golpe.
La experiencia de sectores más amplios de las masas con el peronismo en el poder era frenada a cada paso por Montoneros y la JTP, que se negaban a enfrentar el Pacto Social y a denunciar abiertamente a Perón. Por el contrario mantenían una política de presión sobre el viejo caudillo12. Fue por eso que no impulsaron ninguna respuesta a un golpe claramente orquestado por el mismo Perón.
A esta política se adaptaron los dirigentes del sector combativo del movimiento obrero. Tal es así que el 5 de Febrero el MSC13 criticaba las modificaciones de la Ley de Asociaciones Profesionales y la reforma al Código penal, pero “no se colocaba en una línea de oposición total al presidente Perón, sino a sus sectores burocráticos y de derecha”.
Esta política debilitó a la vanguardia, que se encontró impotente para movilizar a las masas frente al golpe. Las organizaciones obreras se limitaron a declaraciones de repudio y a un paro de 24 horas que no tuvo ninguna incidencia en la situación, al mismo tiempo que se preparaba “un paro provincial con fecha a determinar” que nunca se realizó. Junto a esto ninguna de estas organizaciones llamó al conjunto de la vanguardia nacional a movilizarse para enfrentar este golpe.
Para quienes hoy quieren eximir de culpa a Perón por los asesinatos de la Triple A, las enseñanzas del Navarrazo muestran qué rol cumplió cuando se trató de liquidar a la vanguardia obrera y popular que se oponía a su política. Para los trabajadores que hoy salen a luchar es necesario conocer y profundizar en el estudio de esos convulsivos años para preparase para los futuros combates de clase.

NOTAS
1 Obregón Cano se hallaba ligado a los sectores de izquierda peronista y López era Secretario General de la UTA.
2 Pocos días después, Raymundo Ongaro, dirigente gráfico, señalaría que se trató de un verdadero “Anti-Cordobazo”.
3 Los gobernadores de Salta, San Luis y Mendoza eran Miguel Ragone, Elías Adre y Martínez Baca. Todos habían sido apoyados por el ala izquierda del peronismo, al igual que Obregón Cano. La Voz del Interior, 05/02/74 y 06/02/74.
4 Comunicado de Prensa. Ministerio del Interior, 12/02/74.
5 La Voz, 20/02/74
6 La Voz, 28/02/74
7 Es decir, a no más de 25 Km. de Córdoba capital.
8 Tal es la postura desarrollada por Alicia Servetto en el libro De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, donde señala que “La crisis provincial de marzo de 1974 debe leerse (…) fundamentalmente como resultado de las contradicciones internas del peronismo (…) predominó la disputa por la ampliación de los espacios de poder entre los distintos sectores y las instituciones del Estado fueron instaladas como arena de la lucha política”. Op. cit. Pág. 109.
9 Como señala James Brennan “Perón sabía que el éxito de la campaña verticalista dependía de Córdoba. El reestablecimiento de la autoridad de la CGT central era necesario tanto para controlar la expansión de la militancia obrera a todo el país como para asegurar el éxito del Pacto Social (…) sólo Córdoba era capaz de aprovechar la oposición de la clase obrera al programa y darle la forma de un movimiento de importancia nacional”. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976.Ed. Sudamericana. Pág. 319
10 Así como la respuesta del mismo Obregón Cano, que se negó a llamar a la población en su apoyo para luego renunciar a su cargo, llamando a “la pacificación”. Una actitud similar a la tomada por Perón en el 55’.
11 La Voz, 13/03/74.
12 Esta política de presión sobre Perón se mantuvo incluso hasta el 1º de Mayo del ’74, como señala Julio Godio: “Los Montoneros continuaban con su política de “romper el cerco” que supuestamente rodeaba a Perón”. Perón. Regreso, muerte y soledad. Ed. Hyspamérica. Pág.193. Inclusive el balance presentado después de haber sido echados de Plaza de Mayo señala “no le regalaremos el peronismo a los burócratas (…) la esencia revolucionaria del peronismo es el pueblo movilizado y participando en la decisiones de su gobierno y su movimiento. Y nosotros seguimos reafirmando que por eso somos peronistas”. La Voluntad. Tomo II. Ed. Norma. Pág. 315.
13 Movimiento Sindical Combativo, centralmente integrado por Luz y Fuerza y el SMATA.

Fuente: www.pts.org.ar/spip.php?article6347



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